La implementación de los Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) en Perú enfrenta un desafío crítico: la ambigüedad normativa. Según funcionarios de la propia UIF-Perú, los sujetos obligados —empresas de sectores tan diversos como el financiero, minero o inmobiliario— operan bajo un marco legal que exige mucho, pero orienta poco.

Un claro ejemplo: la normativa exige desarrollar procesos de debida diligencia en el conocimiento del cliente, estructurados en tres etapas y regímenes según el nivel de riesgo. Sin embargo, no explica cómo integrar estos procesos en la operativa comercial ni qué mecanismos concretos deben implementarse. El resultado: incertidumbre, dispersión de criterios y riesgo de incumplimiento.

Este diseño normativo, amplio por necesidad —dado el abanico de sectores involucrados, desde el financiero hasta el minero o inmobiliario— termina siendo difuso por omisión. La falta de directrices claras dificulta que los sujetos obligados ajusten sus obligaciones a las particularidades de sus actividades económicas. Como consecuencia, muchas empresas deben enfrentar un proceso complejo de interpretación y adaptación normativa, que resulta difícil de gestionar sin asesoría especializada.

En este escenario marcado por la ambigüedad, el rol del abogado en la implementación del SPLAFT —ya sea como asesor externo o parte del equipo in-house— adquiere una dimensión estratégica. Su labor no se limita a conocer e interpretar la normativa, sino que debe traducirla en acciones concretas dentro del negocio, integrando de forma armónica los procesos y políticas del SPLAFT en la operativa interna y comercial de la empresa. El verdadero reto no está en redactar políticas y procedimientos, sino en construir un sistema dinámico que funcione en la práctica y no se quede solo en el papel.

Para lograrlo, el abogado debe contar con una doble competencia. Por un lado, un dominio técnico en materia de SPLAFT: conocimiento profundo de la normativa, familiaridad con los criterios aplicados por la UIF y experiencia general en la gestión de riesgos. Por otro lado, debe comprender a fondo el negocio que asesora: conocer sus procesos internos, sus flujos y sus vulnerabilidades operativas, con el fin de diseñar soluciones que equilibren una mitigación efectiva con eficiencia operativa. Debe tener la capacidad de identificar el riesgo y acoplar los controles donde realmente hacen la diferencia, de modo que el sistema funcione sin fricciones ni disrupciones innecesarias en los procesos comerciales.

Este enfoque exige que el abogado trabaje de manera cercana con las distintas funciones del negocio, especialmente aquellas con mayor exposición a riesgos LAFT y/o encargadas de ejecutar los procesos y mecanismos de control del sistema. Por ejemplo, las áreas de ventas o atención al cliente suelen estar a cargo de la debida diligencia del cliente, mientras que el área de recursos humanos gestiona la debida diligencia del trabajador. La implementación efectiva del SPLAFT depende de que estas funciones comprendan su rol dentro del sistema, cuenten con herramientas tecnológicas adecuadas y reciban acompañamiento técnico constante.

Más aún, cuando el SPLAFT se integra de forma orgánica en el ADN del negocio, el impacto organizacional es profundo y duradero. Cuando el SPLAFT se vive como parte natural de la operación diaria —y no como una imposición externa, poco comprensible y entorpecedora— se consolida una cultura de cumplimiento que se transforma en una auténtica ventaja competitiva. Ese es el verdadero objetivo: pasar de un enfoque formalista a uno funcional, donde el SPLAFT no solo se cumpla, sino que se entienda, se valore y evolucione como un activo estratégico del negocio.